Diversas organizaciones indígenas y colectivos ambientalistas de Ecuador acudieron a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, bajo el argumento de que la norma prioriza el extractivismo sobre los derechos humanos y ambientales.

La acción legal fue impulsada por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), el Frente Nacional Antiminero y el colectivo Yasunidos. Los demandantes solicitaron al alto tribunal la suspensión inmediata de la norma mientras se analiza el fondo del caso, advirtiendo riesgos irreversibles para los ecosistemas.

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El presidente de la Ecuarunari, Leonidas Iza, denunció que la disposición legal rompe el pacto social y los principios establecidos en la Constitución. Según el dirigente, la nueva ley reduce los controles ambientales a una simple autorización administrativa, facilitando el despojo de territorios.

“El Gobierno de Daniel Noboa ha roto el pacto social establecido en la Constitución para imponer una lógica unilateral”, afirmó Iza.

Asimismo, el líder indígena alertó que la ley permite el despliegue de la fuerza pública para proteger proyectos mineros en comunidades originarias, lo que intensificaría la criminalización de la protesta social. En este contexto, Iza no descartó la posibilidad de avanzar hacia una revocatoria de mandato contra el presidente, aunque señaló que instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) carecen de independencia.

#Quito | @LeonidasIzaEc, junto a su Consejo de Gobierno y organizaciones como: @Yasunidos y el @FNAntiminero, presentaron hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento Minero impulsada por el presidente @DanielNoboaOk. A la @CorteConstEcu #ECUARUNARI pic.twitter.com/KeW94ByIfs

— ECUARUNARI (@ecuarunari_ofic) March 16, 2026

Desde el colectivo Yasunidos, Pedro Bermeo fustigó el papel de las fuerzas de seguridad bajo este nuevo marco legal. “Las Fuerzas Armadas no pueden servir como guardia privada de las transnacionales mineras”, sentenció, calificando la reforma como una vía hacia la minería exprés que pone en jaque la biodiversidad del país.

Por su parte, la asambleísta de Pachakutik, Mariana Yumbay, respaldó la impugnación y exigió medidas cautelares para evitar que la aplicación de la ley genere daños irreparables en las cuencas hidrográficas y zonas protegidas.

Desde el Ejecutivo y las bancadas oficialistas se sostiene que la ley busca una regulación eficiente para incrementar los ingresos fiscales y proteger los recursos estratégicos frente al crimen organizado. Sin embargo, la normativa ya acumula al menos seis pedidos de impugnación por parte de la sociedad civil.

Ahora, la Corte Constitucional deberá decidir si admite a trámite las demandas y si dictamina medidas provisionales para frenar la ejecución de una ley que ha vuelto a encender las alarmas en el movimiento social ecuatoriano.

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La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos fue impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y aprobada recientemente por la Asamblea Nacional bajo el carácter de «económico urgente». El Ejecutivo justifica esta norma como una herramienta indispensable para atraer inversión extranjera, generar ingresos fiscales rápidos ante la crisis de liquidez del país y formalizar el sector minero para arrebatarle terreno a la minería ilegal vinculada al crimen organizado.

Sin embargo, el conflicto estalla porque la ley reduce los controles ambientales a meros trámites administrativos y omite la Consulta Previa, Libre e Informada, un derecho constitucional de los pueblos originarios. Las organizaciones indígenas denuncian que esto rompe el pacto social de la Constitución de 2008, priorizando los beneficios de empresas transnacionales sobre la soberanía de los territorios y la protección de los ecosistemas vitales.

Otro punto crítico de la normativa es que faculta el uso de las Fuerzas Armadas para custodiar proyectos extractivos, lo que ambientalistas y comunidades califican como una militarización del campo ecuatoriano. Argumentan que el Estado está convirtiendo a los militares en guardia privada de las mineras, preparando el escenario para la represión de la protesta social en zonas rurales donde el rechazo al extractivismo es histórico.

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